Sentir, luchar, vencer ... podemos

miércoles, abril 25, 2007

Otra prensa, otros periodistas

Dos brillantes artículos de Gabriel Albiac en la Razón.
“Invertir en partidos” (20 de abril de 2007)

"Un banco no hace caridad. Nunca. Ni regalos. Invierte a corto, medio o largo plazo. Calculando riesgos. Sea en investigación, inmuebles, alcantarillas o partidos políticos. Y está bien que así sea. Para la caridad o los regalos existen otro tipo de instituciones. Sin rentabilidad de riesgo calculable, todo el sistema financiero se desmoronaría. Y, de una economía mínimamente moderna, no quedaría ni huella. Si una mercancía está en oferta a buen precio, se compra. En la razonable expectativa de rentabilizarla. Si lo que está en venta, total o parcialmente, es un partido político, el axioma funciona exactamente igual que sobre cualquier otra mercancía. Y, como con cualquier otra, se aguarda pacientemente el momento adecuado para sacar de él la plusvalía óptima.

Se puede llamar a eso corrupción, si se prefiere. Pero es la lógica normal de las sociedades modernas. En las cuales los políticos disponen de palancas legales para poner gigantescas cantidades de dinero a beneficio de sus protectores. O de sus propietarios. Los partidos no producen riqueza, desde luego. Pero se apropian de ella y, llegado el momento, pueden beneficiar con ella, casi ilimitadamente, a aquellos con quienes se encuentren hipotecados. Tanto como para que resulte sin comparación más rentable para el prestamista renunciar a la devolución de su dinero, a cambio de obtener la posición de privilegio en el mercado que un gobierno (ya sea nacional, autonómico o municipal) puede proporcionarle. Todos salen ganando. Todos, salvo, por supuesto, el contribuyente de cuyo bolsillo sale, al fin y por distintas vías, todo ese dinero. Pero, ¿a quién diablos le importa, en un mundo como el nuestro, el bolsillo de ese pobre tipo que se limita a pagar y callarse? Como un perfecto idiota. Así han aprendido a tratarnos nuestros políticos. Tal vez nos lo hemos merecido. Nadie acaba tan reducido a la servidumbre, a no ser que, de una oscura manera, lo haya deseado él mismo.

La ley de partidos políticos que ha aprobado el Parlamento español es una norma que legisla la corrupción política. Ésa sin la cual las cuentas de los partidos no cuadrarían nunca. Podría, al menos, haberlo disimulado. Pero vivimos en país brutal, que ni siquiera se toma la molestia de guardar las formas: el país de las sórdidas comanditas entre ayuntamientos y constructores, por ejemplo. Loco país en que un ciudadano sin filiación paga automáticamente, a través de Hacienda, la cuenta de políticos a los cuales, como mínimo, desprecia. ¿Robo?

Al rechazar que la ley prohibiese, al menos, la condonación por los bancos de sus deudas, el PSOE y todos sus socios de negocio han exhibido, una vez más, la certeza de impunidad con que insultan al ciudadano. Ese insignificante ciudadano, al cual las hipotecas asfixian cada final de mes. Ese estúpido ciudadano, al cual jamás un banco perdonará un solo euro. Ese sumiso ciudadano, de cuyo duro fin de mes saldrá cada céntimo de todos los cientos de millones que bancos y cajas de ahorros regalen («condonen», dicen) a la corrupta clase política que a nuestra costa vegeta.


La excepción gaullista” (23 de abril de 2007)

«Yo me había encontrado ya con ese tipo de presencia intensa, que las palabras no expresan. No entre los militares, ni entre los políticos, ni entre los artistas: entre los grandes espíritus religiosos», escribe André Malraux de su primer encuentro con el General De Gaulle en 1945. El militar habla de «revolución». Y, en el oído avezado, del escritor aventurero, el término está diciendo «mística». No es un político, concluye. De inmediato. Es un hombre investido por su destino. Y por él devorado. Un sacerdote. Y el autor de «La condición humana», esa elegía a lo sagrado en la historia, sella su destino propio ante esta bella anacronía del arquetipo religioso, anclado en una trascendencia, «idéntica a aquella que concibieran las órdenes combatientes». Del General De Gaulle, dice Malraux haber percibido lo más misterioso desde el primer cruce de palabras: «Era idéntico a su mito. Pero, ¿en qué?». La pregunta irresuelta marca el destino de Francia durante tres cuartos de siglo. Muchísimo más allá de la muerte del General retirado, en el 70. Muchísimo más allá de la muerte de su interlocutor esteta, ocupado en ir acotando las lentas, inexorables «metamorfosis de los dioses», en 1977.

Abril de 2007. No hay candidato gaullista en las presidenciales francesas. Por vez primera en medio siglo. Y eso pone una blindada diferencia a todo. También un desconcierto en el elector: el de no pertenecer ya a un país políticamente distinto a los del resto de Europa; el estupor previsto de haber asistido al cierre formal de un largo estado de excepción.

Como excepción llegó el general De Gaulle al poder en 1958. La guerra colonial en Argelia horadaba ya sus galerías de guerra civil bajo el suelo de la metrópoli. Lo que es más grave: de letal guerra intestina en el ejército; una guerra que iba a hacer norma básica del nunca hacer prisioneros. Claro que fue un golpe de Estado. Institucional, si se quiere. O respetable. O imposible de evitar, sencillamente. Golpe. Del cual nace la democracia moderna en Francia. Todo ha sido gaullismo, desde el cincuenta y ocho, en Francia. Incluida la oposición. Incluido ese De Gaulle en versión gángster de gran estilo que fuera el escalofriante François Mitterrand. Incluidos quienes en el gaullismo sólo vieron camuflaje a su propia perfecta ausencia de vergüenza: el corrupto (y brillante) Giscard, por encima de todo; también, a su modo brutal, menos «monárquico», el tan vulgar último epígono del Elíseo. Todos -incluso aquel Pompidou de grisura rayana en lo invisible- son hijos degenerados de la vieja gran retórica. Claro está que nada en ellos tenía mucho que ver con el puro monacato de un General atrincherado en las murallas de su propio mito. Pero todos hicieron del icono distante garantía, bajo cuya sombra sacra dar como un aire pontifical a la Presidencia de la República.

Eso se acaba. Sarkozy -que ganará- y Royal -que hará el ridículo- son políticos. Normales. Solamente. Intercambiables con cualesquiera de sus colegas europeos (con la sola excepción de España, gobernada por analfabetos). Se cierra la excepción gaullista. Termina una era.
Una seria reflexión de Carlos Herera en ABC
“La memoria legislada” (21 de abril de 2007)
"Miramos adelante. Por eso dedicamos esfuerzos ímprobos a fijar nuestras energías en la reapertura del pasado. La entrada estruendosa en este siglo XXI consiste en detener la mirada setenta años atrás y en engrasar toda la metralla oral posible para crear un ambiente propicio al reajuste de los hechos. La historia como debió ser, no como fue. No la podemos cambiar, pero sí podemos reescribir y reinterpretar sus dramas para obtener beneficio electoral. La llamada Ley de Memoria Histórica queda oficialmente desbloqueada después de que PSOE e IU hayan llegado a un acuerdo en vista de la proximidad de las elecciones: se declara ilegal o ilegítimo todo juicio realizado durante el franquismo y se disponen mecanismos de compensación a aquellas personas que padecieran dichos arbitrios, se articulan mecanismos de ayuda para aquellos que quieran desbrozar cunetas y se abre el debate sobre el futuro del Valle de Los Caídos. Todo eso a grandes rasgos. Las pequeñas pinceladas quedan para la improvisación política que pueda surgir de aportaciones ocurrentes sobre el terreno.

Se trata, como pueden imaginar, no sólo de reparar aquellas cuitas trágicas que no hayan quedado suficientemente resueltas con las medidas diversas que se han tomado desde la Transición; la intención poco oculta tras las palabras de los inductores de la ley consiste en arrojarnos cadáveres a la cabeza unos a otros con la pretensión de separar cuáles son los buenos y cuáles los malos, cuáles murieron por la injusticia y cuáles por la defensa de la libertad. Es decir: no se trata sólo del natural deseo de recuperar restos humanos, sino, fundamentalmente, de recuperar rencores. Y, a ser posible, contemplar el pasado con ojos de la actualidad y así poder justificar su visión incompleta, falsa. El hecho inapelable de que las víctimas siempre son víctimas, independientemente de quien fuera su verdugo, no está contemplado en el espíritu de este acuerdo político de jugadores tramposos. La ley, que nació como un deseo de contentar a los energúmenos de ERC -que finalmente ni siquiera se han sumado al acuerdo-, hará al menos felices a los que, como el magistrado Martín Pallín, piensan que los muertos por el bando republicano o por los desmanes anarquistas de los años treinta ya tuvieron suficientes homenajes durante el franquismo. No reparan siquiera en la posibilidad de que estas familias se sientan legitimadas tan sólo por el homenaje de la democracia, no de un dictador. La tesis del juez viene a decir que esos son los muertos malos: el régimen democrático no puede homenajear jamás su memoria y quien ya lo hizo, un dictador, satisfizo suficientemente sus necesidades. Tremendo.

Santiago Carrillo, el nonagenario comunista que tan buen servicio brindó a su país en los años setenta cuando templó y modernizó las estructuras de su partido y adaptó sus aspiraciones a las que meramente favorecieran la convivencia y la democracia, parece estar ahora mucho más orgulloso de su trágico papel en la guerra civil que de su sensata aportación a la Transición española. ¿De verdad le interesa a Carrillo que se reabran las fosas de Paracuellos y se le asignen formalmente los muertos que provocó? ¿Tan respaldado se siente por esta ley fragmentada y fragmentadora?

La memoria, desgraciadamente, no se legisla. Si acaso sólo se legisla en las dictaduras más feroces, donde se decide la oficialidad de lo que pasó. Nunca en regímenes de convivencia racional. Cuando se desencadena una legislación adecuada a una forma de actuar, pensar y guerrear como la que representaba el escaso amor por la libertad y la democracia del Frente Popular se está intentando volver a poner el reloj en la hora del ayer. En la hora de un ayer que resultó trágico para una España que aprendió a mirar al futuro en tiempos que ya empezamos, lamentablemente, a añorar.

Y el que no esté de acuerdo con los preceptos elementales de esta ley ya sabe que, tácita o explícitamente, será acusado de franquista. Cosa que quizá sea uno de los objetivos de la misma, mire usted por donde. Que poco se imaginaba ese dictador que iba a seguir siendo protagonista de la política española tantos años después. Qué país.

Están en minoría, pero no todos son prensa del movimiento.

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